SANTO DOMINGO.- El sector sindical dijo ayer que está de acuerdo con la propuesta realizada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de que los fondos de pensiones sirvan como garantía para la adquisición de viviendas por parte de sus dueños, que son los trabajadores o cotizantes.
Sin embargo, las centrales sindicales recordaron que ese tema lo contempla la Ley de Seguridad Social, cuando habla de que esos fondos se usen en planes de desarrollo, incluyendo políticas de viviendas. Eso no se ha hecho, según aseguran, porque de alguna manera la intención fue desviar la inversión de los recursos hacia otros lados.
El presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, planteó que la ley habla claro de que los recursos pueden usarse para acciones desarrollistas, incluyendo viviendas e inversiones que favorezcan el avance de las pequeñas empresas.
“Lo que a mí me extraña es que los empresarios saquen ahora a relucir ese aspecto, el de usarlos para viviendas, lo que justamente contempla la ley, cuando nosotros estamos proponiendo mejorar el sistema de pensiones”, apuntó el sindicalista. Esa mejoría que se busca, según indica Ramos, contempla dos pilares, uno es el público, donde estarían los empleados que obtienen salarios mínimos y otro donde haya gente que puede ir a las AFP, con mayores ingresos y capacidades adquisitivas.
El presidente de la CNTD atribuye a una ausencia de reglamento y a una falta de política sostenida y de impulso por parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social el hecho de que en todo el tiempo que lleva el sistema de pensiones, nunca se haya dejado claro que puede usarse el dinero para viviendas que ayuden a cubrir el elevado déficit habitacional de República Dominicana.
Se refirió, además, a la importancia de que se cuente con un seguro de desempleo, pero –según sus expresiones- nunca hubo forma de convocar, como dice la ley, para llevar la discusión y buscar la forma de poner en marcha ese seguro.
“Tenemos que concentrarnos en el diálogo tripartito fomentado por el Gobierno, vía el Ministerio de Trabajo, para consensuar un proyecto que pueda ser enviado al Congreso y el Congreso pueda considerar, para modificar la ley y mejorarla. Ese debe ser el objetivo fundamental de este proceso de reforma en materia del sistema previsional”, indicó.
Mientras, el representante de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael –Pepe- Abreu, resaltó que “justamente eso que proponen los empresarios lo contempla la ley” y recordó que las centrales sindicales siempre han dicho que una de las modalidades que se podía aprovechar, hasta llegada la etapa de las pensiones, era la de impulso de políticas de viviendas.
“Y hemos dicho que esa política de viviendas debía ser dirigida a que la juventud, que le da tanta brega adquirir una casa, aun cuando es fundamental para el hombre, la mujer y la familia, tuviera accesibilidad a ella”, expuso Abreu.
Otro de los temas a los que se refiere el sindicalista de la CNUS es a la necesidad de estimular el empleo productivo. “Se ha debido dar, pero no se ha hecho, un empuje por vía de los fondos a la industria, a la infraestructura (…). Todo eso está en la ley, pero en la práctica lo que ha pasado es que nunca fue así”, aseguró el representante de los trabajadores.
Desde su punto de vista, el sistema de capitalización individual buscó un derrotero distinto y lo que se ha hecho es invertir básicamente en certificados de títulos que están depositados en el Gobierno.
Dice el actual sistema no crea una motivación
Según Pepe Abreu, uno de los temas que tienen que entender las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es que el actual sistema no crea una motivación en el cotizante, que le haga sentir que esos fondos que tiene depositados les pueden ayudar a dar salida a temas de la cotidianidad y que requieren respuestas económicas.
“Ese sistema tiene una fortaleza que a la vez se convierte en una debilidad. El sistema de reparto (el anterior) no es captable por el afiliado, porque su cotización cae en una especie de bolsa general, en la que el cotizante ni siquiera llega a ver el monto de sus aportes, de sus ahorros. Pero en este sistema de pensiones que tenemos actualmente, usted va aportando dinero y la propia AFP está obligada a enviarle reportes de ese dinero (…). La gente va mirando el monto acumulado, pero resulta que puede ocurrir que a la vez haya sido cancelado o suspendido de su empleo, o tiene alguna situación económica. Los cálculos que hace la gente es de las cosas que podría resolver si le entregaran su dinero. Contrario a eso, lo que el trabajador ve es que su dinero se lo alejan, porque la entrega de su dinero será en largos años, cuando la precariedad está precisamente en este momento actual”, explicó Abreu.
